EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA Y SU EXPRESIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN A FINES DEL SIGLO XX
Ponencia al IV Encuentro Nacional y I Latinoamericano La Universidad como Objeto de Investigación - 2004
Osatinsky Ariel, Toscano Diego E.
Facultad de Filosofía y Letras, Argentina
Introducción
A partir de la sanción de la Ley de Educación Superior en el año 1995, las universidades estatales de la Argentina sufrieron cambios que, de conjunto, afectaron el carácter público de las mismas. Los diferentes gobiernos nacionales aplicaron una política universitaria con ciertos elementos comunes como ser la asfixia presupuestaria, la implementación de distintas restricciones al ingreso, o la imposición de algún tipo de arancelamiento. Estas modificaciones significaron un avance importante en el intento por privatizar la educación superior.
El presente trabajo analiza el proceso descripto anteriormente, conocido bajo el nombre de Reforma Educativa. Partiendo de un análisis de la Ley de Educación Superior, se describe las transformaciones y propuestas gubernamentales realizadas en los años siguientes. Así mismo, se indaga acerca de las causas que llevaron a impulsar el proceso de privatización del sistema universitario.
El trabajo toma algunos datos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), como expresión de un proceso de transformación educativa de alcance nacional.
El marco en el que se desenvuelve el análisis es la interpretación del período iniciado con la aprobación de la Ley de Educación Superior en el año 1995 y su desarrollo hasta el presente.
Por último, es necesario destacar que este trabajo es sólo una aproximación a un tema que por su amplitud, implicancia y consecuencias, requiere un análisis más minucioso de las distintas cuestiones que forman parte del mismo.
Ley de Educación Superior
La Ley de Educación Superior es el marco jurídico en el que se desarrollan y tienen lugar las distintas políticas y acciones gubernamentales en materia de educación universitaria. Esta ley fue impulsada durante la presidencia de Menem y aprobada por el Congreso Nacional, en una cuestionada sesión que contó con la oposición de miles de estudiantes y docentes en todo el país.
La Ley de Educación Superior forma un todo conceptual con la llamada Ley Federal de Educación. Ambas tienen como objetivo declarado producir la transformación educativa de la Argentina para contribuir a su desarrollo nacional y productivo. Ambas están inspiradas en los lineamientos internacionales del Banco Mundial. La Ley de Educación Superior explicita el objetivo de adaptar la universidad argentina a las necesidades del desarrollo económico del país y producir una verdadera transformación, entendida como el mejoramiento de la calidad de la educación universitaria.
Cabe destacar que las necesidades de desarrollo del país pasaban, en primer lugar, por mantener el pago de la deuda externa. Por eso la primera adaptación educativa que se produjo fue el ajuste del presupuesto universitario a las montos residuales que dejaba en las arcas del Estado el pago de dicha deuda. Como esta primera adaptación no era suficiente, posteriormente se avanzó en más recortes del presupuesto universitario, para contribuir con mayor eficacia al “desarrollo integral del país”.
En esos años, fundamentalmente en 1995 y 1999, el movimiento estudiantil argentino denunció que las políticas de recorte que el gobierno sostenía no estaban destinadas al crecimiento del país, sino que apuntaban sólo producir un ahorro de dinero que sirviera al pago de la deuda externa. También fue el movimiento estudiantil de entonces quien denunció que la destrucción de la universidad pública era un requisito sine qua non de la privatización educativa que el gobierno impulsaba.
La prueba está en que durante los años de vigencia de la Ley de Educación Superior, se produjo el avance exponencial de las universidades privadas y se profundizó la crisis estructural de la universidad pública argentina. En esa dirección apuntaba la unificación bajo el rótulo de “Educación Superior”, no solo de las universidades públicas sino de las privadas y hasta de los institutos terciarios.
La aplicación de la Ley de Educación Superior ha significado un profundo retroceso para la universidad con respecto a la universidad heredada de la Reforma de 1918, aún cuándo prácticamente todas la conquistas de esta revuelta estudiantil, hubiesen sido ya distorsionadas o abandonadas. Por ejemplo en la última década, y de la mano de la Ley de Educación Superior, se ha consagrado en la universidad argentina el gobierno despótico de los rectores, que se expresa en el gobierno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); se ha mantenido, pese a la lucha estudiantil, un sistema de elección de autoridades cuestionado por ser contrario al sufragio universal. La Ley de Educación Superior ha sido en estos años el marco de legitimación de cuanta política de arancelamiento y limitación se ha llevado adelante. Un ejemplo reciente de ello es el cupo de ingreso que se ha puesto en la Facultad de Medicina, donde sólo podrán ingresar anualmente 240 personas.1
En resumen, el proceso privatista de la educación superior en Argentina y la política de ajuste presupuestario permanente que se han llevado adelante desde 1995 han pasado por los marcos de la Ley de Educación Superior.
El ajuste presupuestario
Con la Ley de Educación Superior, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, se avanzó notablemente en el intento de privatizar las universidades del país. En los años posteriores, los sucesivos gobiernos realizaron propuestas o implementaron cambios que profundizaron dicha reforma educativa.
Una de las vías utilizadas para avanzar en la privatización de la educación superior fue el ahogo presupuestario. Las universidades del país sufrieron en los últimos años de la década pasada y los primeros años de la década actual diversos recortes presupuestarios que afectaron su normal funcionamiento. Esto se puede ejemplificar con los recortes progresivos que sufrió la UNT en su presupuesto original: en 1998 fue de $170.000, en 1999 de $2 millones y en el 2000 de casi $2,7 millones2. A ello se suman las deudas superiores a los 12 millones de pesos que, durante los años 2001 y 2002, el Estado nacional mantuvo con la UNT.3
Además de los diversos recortes hay que agregar el hecho de que el presupuesto destinado a las universidades no tuvo un incremento acorde al crecimiento observado en la matrícula estudiantil. Tomando nuevamente el caso de la UNT, los alumnos inscriptos en los años 1998 y 2001 fueron 43.601 y 54.948 respectivamente4, reflejando un aumento del 26%. Este incremento no guarda ninguna relación con el incremento correspondiente al presupuesto de dicha universidad, que fue sólo del 6,8% en el mismo período.5
Es importante destacar que el presupuesto universitario, que sufrió recortes en los diversos períodos, es completamente insuficiente para poder desenvolver adecuadamente las tareas que competen al ámbito académico. En el caso de la UNT, en los últimos años más del 90% del presupuesto se destinó al pago de salarios, quedando menos del 10% para gastos de funcionamiento. La escasez de espacios y materiales que sufren las distintas carreras de la UNT, y los escasos fondos destinados a la investigación científica, se relacionan con lo anterior.
La política estatal de ajustes presupuestarios tuvo como objetivo buscar que el sostenimiento de la educación superior dependiese cada vez más de fuentes alternativas de financiamiento. En ese marco, en el año 2000 el entonces ministro de Educación Hugo Juri propuso establecer un impuesto a los graduados universitarios lo cual hubiese sido un especie de arancel diferido. Su sucesor, Andrés Delich, sugirió que se cobrara una sobretasa impositiva a aquellos padres con hijos en las universidades cuyos ingresos superasen los 2.000 pesos mensuales.
El financiamiento alternativo fue también la solución por la que se inclinaron las autoridades de las distintas universidades. Estos optaron por no ejercer una presión en pos de lograr un aumento en las partidas presupuestaria. Por el contrario, adaptaron el funcionamiento de las distintas unidades a los bajos fondos existentes, fomentando la obtención de ingresos extras por vías alternativas. En el caso de la UNT, en distintas facultades se comenzó a cobrar inscripción. En el 2000 ya eran seis las que cobraban un “bono contribución”6 el cual, si bien era voluntario, se transformaba en un arancel encubierto al ser difícil lograr la exención del pago. Complementariamente, las autoridades de la UNT crearon en el 2002 la Unidad de Gestión de Proyectos y Negocios con la finalidad de captar fondos a través de la venta de servicios a distintas instituciones gubernamentales y empresariales.
Los posgrados, al ser todos arancelados, se transformaron también en una fuente importante de ingresos para las distintas universidades del país. En los últimos años la oferta de Maestrías y Doctorados creció notablemente. Y es interesante destacar que en la UNT “el presupuesto formal de apoyo a posgrados se incrementó el 600% en el período 1998-2002, con respecto a 1994-1998”7. Tal aumento se explica por el hecho de fortalecer uno de los niveles educativos que se ha transformado en un negocio, por los costos que implica el cursado de cualquier posgrado, y por los beneficios económicos que obtienen de los mismos las distintas unidades académicas.
La crisis presupuestaria de la universidades públicas fue aprovechada también por grandes empresas. Éstas pudieron utilizar los recursos materiales y humanos de las distintas unidades académicas a cambio de realizar un aporte de fondos a las mismas. Por ejemplo, en el año 2001 la empresa Motorola firmó un convenio con la Universidad de Buenos Aires por el cual le otorgaba “…100.000 dólares anuales […] para desarrollar un laboratorio de electrónica molecular, a cambio de una patente de futuros productos desarrollados entre las partes”8. Es indudable que los beneficios que recibirían las empresas serían superiores a los costos que implicaba la inversión de recursos en las universidades.
En síntesis, podemos afirmar que las universidades quedaron sujetas de manera creciente a la obtención de fondos alternativos a los otorgados por el gobierno nacional, diluyéndose progresivamente el carácter público de las mismas.
La nueva “reforma educativa”
En los primeros meses del 2001, durante la gestión de De la Rúa se conformó, a instancias del Ministerio de Educación, la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Educación Superior, la cual se abocó al estudio de dicho nivel educativo con el fin de establecer una propuesta de nuevas reformas. Dicha Comisión fue presidida por el entonces ex ministro de Educación Hugo Juri quién, al explicar los lineamientos que se seguirían, dejó al desnudo el objetivo de tal iniciativa: continuar con el proceso de privatización iniciado con la Ley de Educación Superior, como se analizará a continuación.
En primer lugar, se buscó avanzar en la política de ahogo presupuestario. “Las universidades deberán buscar, además, otras formas de financiamiento”9 señalaba Juri por entonces. En ese sentido, como se explicó anteriormente, se proponía la asociación de las universidades con empresas. A su vez, la cuestión presupuestaria implicaba una disminución de la autonomía de las universidades, ya que se proponía distribuir los fondos premiando a aquellas universidades que siguiesen los criterios fijados por el Ministerio de Educación. El ex ministro afirmaba: “las universidades que no se adecuen verán su funcionamiento seriamente comprometido. El Ministerio de Educación […] puede reorientar la asignación de los recursos”10. Es decir que las universidades debían aceptar los criterios fijados por el ministerio de Educación para no ser castigadas a través de una reducción presupuestaria.
Se aconsejaba la creación de colegios universitarios como una manera de descomprimir la elevada matrícula universitaria. La idea era que los alumnos egresados del secundario no ingresaran directamente a las universidades, sino que, como instancia previa, cursaran en algún colegio universitario, donde recibirían “…una formación fundamentalmente para el trabajo”11. De esta manera, lo que se buscaba era desviar el interés de los jóvenes por ingresar a la universidad.
Otra de las propuestas que elaboraría dicha Comisión era la creación de “…un ciclo básico de dos años común para las universidades e institutos terciarios”. Una vez terminado el mismo, el estudiante recibiría “…un título que” daría “constancia de su formación y que le” permitiría “acceder a un haz de carreras de grado”12. Dicha iniciativa, que se presentaba como un esfuerzo por fortalecer los conocimientos básicos que los estudiantes no adquirían en el nivel medio, también puede ser interpretada como un intento por establecer un examen de ingreso encubierto en la totalidad de las universidades. Para poder acceder a la educación universitaria ya no alcanzaba con egresar del secundario, sino que había que aprobar también el ciclo básico común. De esta manera, se atentaba una vez más contra el ingreso irrestricto.
El ex ministro Juri también afirmaba buscar una mayor articulación entre el nivel terciario y el nivel universitario. La novedad consistía en brindar al egresado del nivel terciario la posibilidad de obtener un postítulo universitario a través de convenios entre los institutos terciarios y distintas facultades. Con estos cambios, nuevamente se buscaba evitar que numerosos jóvenes opten por el nivel universitario al presentar como alternativa, carreras de menor duración y con un nivel superior al terciario. A su vez, con esta iniciativa se desjerarquizaba la formación de grado universitaria al colocarla casi en un plano de igualdad con la formación recibida a través de dichos convenios.
Pero dicha Comisión no sólo propondría restricciones al ingreso sino que también se abocaría al estudio de un examen de egreso. Juri, refiriéndose a la calidad del sistema universitario afirmaba: “la amplitud es tal que el Estado no puede controlarlo, si no es con un examen de egreso. De lo contrario, en el futuro habrá que dar un examen habilitante para ejercer”13. Es decir que con esta iniciativa los profesionales deberían poseer los conocimientos necesarios para aprobar las evaluaciones elaboradas según criterios establecidos por el Ministerio de Educación.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se podría afirmar que en el intento de avanzar en una nueva “reforma educativa” no se buscó subsanar las fallas de la Ley de Educación Superior. Por el contrario, medidas tales como las propuestas nos llevan a pensar en una continuidad del proceso de privatización de las universidades, que sigue su marcha a un ritmo cada vez más intenso.
Las causas del proceso de privatización
Así planteadas las cosas, es necesario reflexionar acerca de los motivos que impulsan a desenvolver todo el proceso de privatización universitaria descripto previamente. En función de ello lo primero que hay que destacar es que dichos cambios educativos guardan estrecha relación con la crisis en la que se encuentra inmerso el capitalismo desde mediados de los años ´70. Dicha crisis se refleja en el hecho de que la economía mundial no logró crecer a los niveles que obtuvo en el período previo iniciado con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. La sobreacumulación de capitales y sobreproducción de bienes, al no encontrar mercados donde ser colocados, hicieron disminuir los beneficios que podían obtener los capitalistas. Por esta razón surgió la necesidad de encontrar nuevos mercados y nuevas ramas productivas de bienes y servicios que pudieran quedar en manos del sector privado. Una manifestación de la necesidad expansiva del capital. Es decir, que existía la necesidad de abrir nuevas posibilidades de negocios. En ese marco es que se entiende el pasaje a la esfera privada de distintas aspectos de la vida social que antes se encontraban restringidos al sector público. Ejemplo de ello son las jubilaciones privadas, las diferentes ofertas educativas y de salud que pasaron a brindar distintos grupos empresarios.
Es en este contexto que se entiende el intento de privatizar las esferas de la educación pública, siendo una de ellas las universidades estatales. Un sistema universitario público significa un gasto que el Estado financia en función de formar diversos profesionales para el país. Un sistema universitario privatizado es un nuevo negocio que surge, y un nuevo mercado que brinda importantes beneficios para aquellos empresarios dispuestos a invertir en el mismo. Por esto es que la reforma educativa aplicada en el país, expresada en la Ley Federal de Educación (año 1992) y la Ley de Educación Superior, contó con la aprobación y promoción de los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo). Para estos últimos la educación debe ligarse estrechamente al mundo de la producción, o sea que debe servir a la clase social capitalista, y debe ser, en lo posible, un servicio brindado por el sector privado, o sea que produzca un beneficio privado, una plusvalía.
Existe otro motivo que explica también el avance privatizador en las universidades. Privatizar la educación superior significa limitar el acceso de los jóvenes a la misma. Aquellos que no cuenten con los recursos necesarios para educarse deberán conformarse, en el mejor de los casos, con la educación recibida en el nivel medio. Estas personas tendrán una menor calificación en el mundo laboral en el que se desempeñen y, por lo tanto, recibirán un sueldo inferior, con el consiguiente aumento del beneficio empresarial. Incluso en la actualidad la propia formación universitaria se encuentra devaluada en el mercado laboral respecto a lo a años atrás. Es por esto que hoy la mayoría de las personas que obtienen un título de grado, buscan la manera de poder acceder a una formación de posgrado.
El hecho de que el capitalismo no haya encontrado una salida a las reiteradas y cada vez más profundas crisis que vive, nos hace pensar que el avance privatizador en la educación continuará cada vez con mayor fuerza.
Conclusión
El avance del proceso de privatización en la universidad es una realidad. Tal vez las facultades de Medicina del país sean el ejemplo que mejor expresa este avance y sus contradicciones. En la mayoría de estas se debe rendir un examen de ingreso, el cual en en muchos casos, es arancelado. Estos exámenes dejan sin posibilidades de ingresar y de estudiar Medicina a una gran mayoría de jóvenes aspirantes. Incluso en las universidades de Córdoba, Cuyo, La Rioja y ahora Tucumán, se han fijado cupos de ingresantes a dicha carrera14, yendo más a fondo con la implementación de una política limitacionista. Tales medidas son justificadas por los autoridades afirmando que, en un cuadro de escasez de infraestructura y recursos, se debe preservar la calidad académica. Además, se afirma a la hora de ejecutar tales medidas, que existe un exceso de médicos. Sin embargo los hechos parecen contradecir esta afirmación puesto que existe en el país millones de personas con problemas de salud que no cuentan con ninguna cobertura médica.
Para avanzar en el arancelamiento y el ingreso restricto en otras carreras universitarias, las autoridades utilizan argumentos similares. Se intenta mostrar que existe un exceso de médicos, de contadores, de psicólogos, etc. Se concibe como un problema el hecho que los jóvenes quieran acceder a la educación superior. Pero esto no debería ser un problema sino un síntoma de progreso. En realidad, se transforma en un problema por la crisis actual del capitalismo, que hace que “…la masividad que han alcanzado las universidades en las últimas décadas sea sinónimo de su retroceso y estancamiento, y no de su desarrollo y esplendor. La crisis, […], se ha convertido en un freno al avance de la ciencia y de la investigación”. De esta forma, la formación de mano de obra calificada aparece como una tarea desactualizada e innecesaria”.15
En el marco de la crisis económica, todos los últimos gobiernos nacionales, incluido el actual, han sido correa de transmisión de los organismos financieros internacionales. En función de ello, han reducido o limitado el gasto social (siendo el presupuesto universitario parte del mismo), destinando los recursos del país al subsidio de grandes grupos económicos, y al pago de la deuda externa.
Por todo lo expuesto, consideramos necesario e imprescindible encarar un proceso de investigación y debate colectivo acerca de la universidad que queremos, acerca de qué programa de investigación llevamos adelante como forma de transformar el país. Este debate requiere de la participación del movimiento estudiantil, de las agrupaciones gremiales de la docencia, de los sujetos sociales activos en la vida nacional, de los profesionales y docentes comprometidos con la transformación y con el conocimiento como herramienta de transformación. Requiere también que las puertas de la universidad estén abiertas al pueblo trabajador, precisa de las cátedras libres, de la autonomía universitaria. En consecuencia, es necesario un debate en las universidades, en el cual sean los propios sujetos que la integran quienes elaboren una política universitaria al servicio de la emancipación nacional y social, superando el fracaso de las políticas actuales.
